El Ministerio Público y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) anunciaron que coordinan acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, para fortalecer la cooperación mutua en las labores de prevención y persecución de la violación a las resoluciones, ordenanzas y leyes municipales, así como para la agilización de los procesos de esos casos.

El plan se llevará a cabo en el marco de un acuerdo que fue firmado con esos fines por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y el presidente de FEDOMU y alcalde de Azua, Rafael Antonio Hidalgo Hernández, el cual tiene el propósito de garantizar el cumplimiento estricto de las leyes y contribuir a la preservación del orden público.

En un comunicado de prensa mediante el cual se ofreció la información, establece que las acciones buscan contrarrestar el lanzamiento de escombros en calles y avenidas, la generación de roturas de calles, daños a las propiedades de la ciudad y a edificaciones, así como al uso inadecuado de los espacios públicos y la publicidad de exteriores, entre otros.

La iniciativa, que se pondrá en marcha en coordinación con las alcaldías de las diferentes localidades del país, incluye la capacitación a fiscales para su especialización en asuntos municipales, una mayor coordinación de éstos con los consultores jurídicos de los ayuntamientos, así como campañas educativas mediante la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación, redes sociales, escuelas y lugares de trabajo, y la elaboración de brochures, para orientar a las personas sobre la conveniencia del cumplimiento de las leyes para el progreso colectivo y el bienestar individual.

El magistrado Jean Rodríguez ponderó los beneficios del convenio, destacando que contribuirá a tener un país más limpio, sano y organizado, con mayor paz. “Hemos instruido a los fiscales para que apoyen a los municipios y apliquen lo que dice la ley, sin excepción”, expresó.

Adelantó que las labores estarán a cargo de personal de ambas instituciones, entre ellos, fiscales, abogados y consultores jurídicos, que se encuentran en proceso de formación en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), recibiendo un programa especializado de formación de alrededor de dos meses. Señaló que las sanciones administrativas están a cargo de las alcaldías mientras que los procesos penales a cargo del Ministerio Público.

En tanto que Hidalgo Hernández dijo que el acuerdo de colaboración interinstitucional es un paso importante de avance para las gobernaciones del país. “Aumentar la capacidad sancionadora de los gobiernos locales, ha sido un reclamo demandado por las autoridades municipales, por lo que con esta importante alianza ganamos en efectividad y resultados para continuar nuestra labor a favor del desarrollo local”, expresó.

Mayor cooperación para mejor combate de la infracción a las leyes

Esta alianza establece una mayor cooperación interinstitucional para la persecución de las infracciones a diversas leyes municipales como la Ley No. 675-44 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones y la Ley No. 120-99, que prohíbe tirar desperdicios sólidos o de otra naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares y ríos.

Las autoridades también acordaron establecer las bases para actuar conjuntamente con las alcaldías de los municipios, bajo la coordinación del Ministerio Público, para crear oficinas o casas de mediación en los lugares donde consideren factible, a fin de actuar en conciliación o resolución alternativa de conflictos.

El acuerdo, firmado en la sede de la ENMP, tendrá una vigencia de dos años y una vez se complete ese tiempo podrá ser prorrogado por acuerdo común entre las partes por un período similar.

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