FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
FEDOMU
"Solidaridad, Autonomía y Democracia Participativa"

Resolución del consejo directivo de FEDOMU

CONSIDERANDO que es finalidad de la Federación Dominicana de Municipios promover el correcto funcionamiento de los gobiernos municipales conforme al respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan su organización y funcionamiento.

CONSIDERANDO que es deber de la Federación Dominicana de Municipios orientar en todo momento a los Ayuntamientos para que actúen en el marco de las leyes, cumpliendo con las obligaciones y deberes que de ellas se derivan y ateniéndose a los procedimientos en las mismas establecidos.

CONSIDERANDO que las declaraciones y actuaciones realizadas por el Secretario de Estado de Interior y Policía, Señor Franklin Almeida, representan un intolerable e inoportuno cuestionamiento a la gestión que están llevando a cabo los Síndicos y Ayuntamientos del país, en especial al manejo de los fondos que se reciben por medio de la Ley 166-03.

CONSIDERANDO que el referido funcionario del Gobierno Central se está prevaliendo de su cargo para atribuirse funciones que legalmente no le corresponden y confundir a la opinión pública sobre el marco legal regulador de los controles y fiscalización a los que están sujetos las actuaciones presupuestarias y financieras de los Ayuntamientos.

CONSIDERANDO que las actuaciones de los Síndicos, Síndicas, Regidores y Regidoras, como funcionarios elegidos por los ciudadanos, ameritan que por parte de los funcionarios de otros poderes del Estado reciban el respeto y consideración debidas.

CONSIDERANDO que la constitución garantiza a los Síndicos y Ayuntamientos la independencia en el ejercicio de sus funciones.

CONSIDERANDO que la institucionalidad del país y el correcto funcionamiento de las instituciones y organismos que conforman el Estado dominicano, requieren que por parte de sus máximas autoridades se guarden los debidos comportamientos de respeto y no injerencia en los asuntos de la competencia de cada uno de ellos, y que en caso de que se presuman la existencia de irregularidades, se sigan los procedimientos legalmente establecidos para su aclaración y correpción.

CONSIDERANDO que no existe actualmente disposición legal o reglamentaria alguna que establezca que los Ayuntamientos tienen la obligación de remitirle al Secretario de Estado de Interior y Policía informe anual, trimestral o mensual.

CONSIDERANDO el clamor unánime de la mayor parte de los Síndicos, Síndicas, Vicesíndicos, Vicesíndicas, Regidores y Regidoras del país, exigiendo respeto tanto a sus respectivas investiduras como a las comunidades por ellos representadas.

Acordamos la siguiente RESOLUCION

1º) Rechazar y valorar como antijurídica y politicamente improcedentes los términos despectivos e irrespetuosos con los que el Señor Franklin Almeyda se refiere a la Federación Dominicana de Municipios, cuestionando su existencia, legalidad, personería jurídica y representatividad de la municipalidad dominicana, la cual ha sido reconocida por numerosos organismos del propio gobierno dominicano, entidades de la sociedad civil e instituciones de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeras.

2º) La Federación Dominicana de Municipios expresa su total compromiso con la ley, considerando que el cumplimiento de las obligaciones y deberes que de las leyes municipales se derivan para los gobiernos municipales y sus responsables representan un requisito básico y necesario para lograr el fortalecimiento y desarrollo institucional de los Municipios y del Estado dominicano en su conjunto.

3º) Lamentar que desde una Secretaría de Estado como la de Interior y Policía, que debería ser la primera interesada en el respeto a la ley, el orden institucional y el mantenimiento de la paz social, se promuevan acciones de acoso y amenazas a los responsables de otras instituciones del Estado, con grave riesgo de provocar enfrentamientos políticos y sociales.

4º) Expresar nuestro más firme rechazo a las declaraciones y comportamiento seguido por el Señor Franklin Almeyda, Secretario de Estado de interior y Policía, las cuales entendemos representan:

a) un intolerable irrespeto a la dignidad y honorabilidad a que tienen derecho los funcionarios municipales de nuestro país.

b) Un quebranto de la institucionalidad de nuestro país y la independencia de funcionamiento reconocidos a los Síndicos y Ayuntamientos en la Constitución de la República.

c) Un inaceptable ataque al normal funcionamiento de los Ayuntamientos que perjudica gravemente a las diferentes comunidades que gobiernan.

5º) Manifestar que las resoluciones adoptadas hasta la fecha por el Secretario de Estado de Interior y Policía, son nulas de pleno derecho y carecen de cualquier validez por cuanto no están incluidas entre las competencias que a esa Secretaría de Estado le atribuyen la Constitución y las Leyes. Por ello valoramos las mismas como un reincidente abuso de poder y por la forma en que se producen, muestran un claro propósito de desinformar, desviar la atención sobre el cumplimiento del 10 por ciento establecido en la Ley 166-03, provocar y buscar el enfrentamiento institucional, político y social que debe recibir el mas firme rechazo.

6º) Considerar que la convocatoria que ha realizado a los Síndicos del país para el próximo día 27 de enero, carece de todo tipo de validez por cuanto la ley no le reconoce ninguna atribución para hacerlo ni para exigir a los Síndicos el rendimiento de las explicaciones que con la realización de la misma pretende.

7º) Manifestar nuestro rechazo al uso partidista y político con el que el Señor Franklin Almeyda está haciendo uso de las funciones de su cargo y los recursos públicos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, los cuales consideramos se ponen de manifiesto tanto por la forma en la que se están produciendo como por el momento preelectoral elegido por el mismo para realizarlos.

8º) Declarar públicamente que lamentablemente, por el tono de las declaraciones del Señor Franklin Almeyda, éste se ha autodescalificado como interlocutor entre el Gobierno y los Ayuntamientos, y por tanto no reúne las aptitudes adecuadas para crear ese ambiente idóneo en el que representantes del gobierno y de los municipios se reúnan para llegar a los acuerdos que den soluciones a los problemas de la ciudadanía.

9º) Expresar su más enérgica protesta ante el Presidente de la República por su aptitud pasiva, permitiendo que un miembro de su gobierno, el Secretario de Estado de Interior y Policía, maltrate e irrespete reiteradamente a los Síndicos y Ayuntamientos.

10º) Solicitar al Señor Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, que instruya a su ministro, cuya autoridad se basa en ser un funcionario designado por el artículo 55 de la Constitución, para que baje el tono crispado y amenazante de sus manifestaciones y respete a las autoridades municipales, que son representantes democráticamente elegidos por sus munícipes.

11º) Informar a la ciudadanía que en lo que se refiere al tema del control sobre los fondos que mensualmente reciben del gobierno Central los Ayuntamientos del país como participación en los ingresos fiscales, la Ley 166-03 dispone expresamente que se ha de hacer, a través de informes trimestrales, los cuales se presentarán en el mes siguiente (según Decreto 360-04), y ante la Liga Municipal Dominicana, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.

12º) Instruir a la Dirección Ejecutiva de FEDOMU que analice las declaraciones expresadas por el Secretario de Estado de Interior y Policía, por si fueran constitutivas de delito de injurias, calumnias y acciones contra las autoridades municipales, autorizándole para que en su caso ejerza las acciones judiciales que procedan.

13º) Orientar a los Ayuntamientos para que adopten resoluciones mediante las que se manifiesten su condena a las declaraciones del Secretario de Estado de Interior y Policía.

14º) Denunciar ante las asociaciones municipales internacionales el acoso y maltrato al que están siendo sometidos los Ayuntamientos municipales por parte del secretario de Estado de Interior y Policía y los cuestionamientos que con ellos se hace al normal funcionamiento de los municipios dominicanos.