El presupuesto participativo es una institución propia de la democracia participativa que se está impulsando en los cinco continentes. Existen experiencias muy interesantes que se están realizando como por ejemplo en la ciudad de Kerala en la India o en la ciudad de Chicago en Estados Unidos. El Presupuesto Participativo es una realidad que ha venido a quedarse y que poco a poco se va consolidando.

De izquierda a derecha: Jimena Sánchez, Francis Jorge y Karolin Reyes

En el caso peruano, si bien se desarrollaron experiencias aisladas en los años noventas, en el año 2003 los colectivos de la sociedad civil consiguieron que el Congreso aprobara la Ley Marco del Presupuesto Participativo. Gracias a esta ley tanto los gobiernos regionales como municipales están obligados a contar con planes de desarrollo concertados con la población y presupuestos participativos.

La planificación concertada no llegó a consolidarse de manera adecuada en el Perú por diversas razones: poca voluntad política de las autoridades regionales y locales, falta de capacitación e información de los funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de un liderazgo nacional por parte del gobierno central, entre otras. Incluso se creó un Consejo Nacional de la Descentralización que no llegó a liderar este proceso de planificación. Este es un problema que todavía subsiste en el Perú y que ha producido que el presupuesto participativo muchas veces se oriente a objetivos que no están necesariamente previstos en los planes de desarrollo ya sean municipales o regionales.

El Perú y República Dominicana son los únicos países de América Latina que han promulgado una ley que establece la obligatoriedad de convocar al presupuesto participativo. En el caso del Perú, se dio una ley que establece las mismas reglas de juego tanto para gobiernos regionales como para municipalidades. Incluso en el caso de las municipalidades, todas deben aplicar la misma metodología sin diferenciar si se trata de municipios rurales o urbanos, sin diferenciar en el número de habitantes o extensión, es decir, sin establecer ningún tipo de distingos entre ellos. En mi opinión, en el Perú se ha cometido un error al haberse promulgado una ley que no hace distingos y que es en exceso reglamentarista. Creo que incluso en el caso de los gobiernos locales la riqueza de las experiencias está precisamente en su diversidad y en cómo lograr que cada uno adapte la ley a su realidad local.

El proceso en el Perú se realiza básicamente de la siguiente manera: Existe un Consejo de Coordinación en cada municipio que está integrado por las autoridades en un 60% y por la sociedad civil en un 40%. Este Consejo en teoría es quien debería liderar el proceso del presupuesto participativo, sin embargo en la práctica los regidores (o concejales) no participan directamente del proceso siendo el alcalde (o síndico) quien impulsa el proceso. Por lo general la gerencia de planificación o la gerencia de participación vecinal de cada municipio es quien se encarga de la convocatoria al proceso y de organizar los talleres. En estos talleres participan organizaciones de la sociedad civil y se delibera acerca de las prioridades en las que se desea invertir los recursos. Un equipo técnico se encarga de dirigir los talleres y de presentar una relación de proyectos para que las organizaciones voten.

Una vez que se realiza la votación, el alcalde o quien preside el equipo técnico presenta a este Consejo de Coordinación -(integrado por el alcalde y los concejales que tienen un 60% y por las organizaciones de la sociedad civil que suman un 40%)- los resultados y se produce una segunda votación para ratificar estos acuerdos. Luego, para que estos compromisos sean integrados en el presupuesto municipal, deben ser ratificados por el Consejo Municipal (conformado por el alcalde y los concejales). Algunas veces ha sucedido que se aprueba un presupuesto participativo por el Consejo de Coordinación y luego el Consejo Municipal no lo integra en su totalidad en el presupuesto institucional.

En la práctica algunos alcaldes cumplen con la formalidad de convocar al presupuesto participativo, pero realizan un proceso con muy poca difusión y con escasa participación de la comunidad, ya que no tienen la voluntad política de realizarlo adecuadamente. También se dan problemas no sólo en cuanto a la legitimidad del proceso convocado, también en lo que se refiere a la articulación de estos presupuestos con los planes de desarrollo. Existen problemas para que los presupuestos participativos municipales se articulen a los regionales, pero también existen problemas al interior de la propia institución municipal. Existen muchos casos en donde los presupuestos participativos no se articulan con el plan de desarrollo y el plan operativo institucional. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas regula el proceso de elaboración de los presupuestos institucionales y cuenta con un Sistema Nacional de Inversión Pública que establece una metodología para la elaboración de los proyectos.

En cuanto a los montos a destinar al proceso, no todas las municipalidades o gobiernos regionales otorgan el mismo monto ya que la ley no es lo suficientemente clara al respecto. Además existen municipios más ricos que pueden otorgar montos más interesantes el proceso. Por ejemplo, en el caso de Lima, los montos que destinan los municipios al presupuesto participativo difieren notablemente: La municipalidad de Miraflores otorga al presupuesto participativo aproximadamente 8 millones de dólares, siendo así el municipio que más recursos destina en la capital. La Municipalidad de San Isidro que tiene rentas similares y que tiene el índice más alto de desarrollo humano destina un millón y medio de dólares aproximadamente.

En el caso de los gobiernos regionales -(una región está conformada por un conjunto de municipios y cuenta con un presidente regional)- los montos también varían de acuerdo a la voluntad política y prioridades del gasto. El gobierno regional del Cusco otorga 9 millones y medio de dólares al proceso, el gobierno regional del Callao (principal puerto peruano) 4 millones y medio de dólares, etc.

Resumiendo podemos decir que las principales dificultades que tenemos en el caso peruano con los presupuestos participativos están relacionadas con la falta de voluntad política de algunos alcaldes; el desconocimiento del proceso por falta de información tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel de los funcionarios; las trabas burocráticas que dificultan la participación; el contar con una misma legislación para todos y los bajos niveles de participación de la ciudadanía.

En este contexto que he descrito, la experiencia realizada por la Municipalidad de Miraflores en el año 2007 es interesante porque reviste una serie de particularidades. Miraflores es un distrito de clase media alta que tiene ochenta mil habitantes y donde casi no existen organizaciones sociales de base. Existían niveles muy reducidos de participación vecinal: por ejemplo en el año 2006 participaron únicamente 56 personas en el presupuesto participativo del distrito. Al iniciarse la gestión del alcalde, Manuel Masías Oyanguren, se creó el Programa de Buen Gobierno que puso énfasis en aumentar los niveles de participación social y en generar una experiencia exitosa de presupuesto participativo. El contexto para desarrollar la experiencia fue favorable porque se contó con la voluntad política del Alcalde y los regidores, que se involucraron en el proceso.

El Programa de Buen Gobierno puso énfasis en desarrollar dos procesos, la rendición de cuentas del alcalde y el presupuesto participativo, mediante un enfoque transversal y asumiendo al presupuesto participativo como un proceso de construcción de consensos y orientador de las prioridades de la gestión.

Una de las primeras acciones que se tomaron fue aprobar una norma que nos permitiera adaptar la Ley Marco del Prepuesto Participativo a nuestra realidad local. Esta norma fue socializada con las juntas de vecinos y estableció entre otras cosas que los vecinos tienen derecho a voto; que los acuerdos del presupuesto participativo son vinculantes, es decir de cumplimiento obligatorio y que Miraflores otorgará el 100% de su presupuesto para inversiones al presupuesto participativo. El monto que Miraflores destina al proceso (8 millones de dólares) está muy por encima de municipalidades similares y muy por encima de muchos gobiernos regionales.

La primera actividad que se realizó fue una audiencia pública de rendición de cuentas donde el alcalde invitó a los vecinos para rendir cuentas sobre su gestión municipal. En esta audiencia se contó con la participación de instituciones como la ong Transparencia en calidad de observador del proceso. Esta audiencia pública para rendir cuentas que realizó el alcalde Manuel Masías, tuvo un doble impacto: a nivel externo fue muy importante para los vecinos conocer diversos aspectos de la gestión y ver a su alcalde dando cuentas; a nivel interno los funcionarios pudieron comprender que somos servidores públicos y que como tal nos debemos a nuestros vecinos.

El presupuesto participativo contó con una gran inversión en publicidad. Se repartieron 40 mil cartas del Alcalde invitando a sus vecinos a participar del proceso, igual número de folletos y volantes y se colocaron en las principales avenidas y calles banderolas alusivas al proceso. Se contó con la participación de artistas e intelectuales que vivían en Miraflores que prestaron su imagen para las banderolas y folletos.

Como la gran meta era aumentar la participación de los vecinos, se eliminaron las trabas que dificultan la participación, dando todas las facilidades para que los vecinos pudieran inscribirse, incluso por Internet. Los talleres del proceso se realizaron por las noches y de manera descentralizada. Además Internet fue un poderoso aliado que permitió a los vecinos votar desde su casa y trasmitir los talleres en vivo y en directo a través de nuestra página web.

Nuestra prioridad estuvo puesta en la capacitación tanto de los miembros del Consejo de Coordinación como de los funcionarios ediles y los vecinos. Para ello se realizaron varios talleres de capacitación y de difusión del proceso, para las juntas vecinales, las empresas privadas, los colegios, las organizaciones sociales, vecinos, etc.

Luego de la capacitación se realizaron talleres por zonas del distrito donde los vecinos hicieron un diagnóstico FODA y se realizaron mesas de concertación sobre diversos aspectos como: Obras Públicas, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Empresarial, Transporte y Tránsito, Medio Ambiente y Desarrollo Humano. En estas mesas de concertación participaron los gerentes de cada área presentando sus propuestas de solución a los problemas detectados en los talleres zonales y dialogando con los vecinos en búsqueda de soluciones concertadas.

De esta manera, el presupuesto participativo pasó de ser un mero proceso de asignación de recursos a convertirse en un espacio real de concertación entre las fuerzas vivas de la comunidad, respecto a la hoja de ruta que deseamos que siga nuestra ciudad.

Además gracias a la amplia convocatoria realizada, se logró que participaran las empresas privadas como centros comerciales, cines, hoteles, restaurantes, instituciones educativas. Se logró congregar también a las iglesias de diversas confesiones religiosas como cristianos, católicos, budistas, judíos, en un verdadero ejemplo de concertación para el desarrollo que se tradujo en diversos proyectos.

La meta planteada se cumplió ya que se logró aumentar la participación ciudadana notablemente y darle sostenibilidad al proceso. Se pudo lograr que de 56 personas participando en el año 2006, tuviéramos en el año 2007 a 555 vecinos y en el año 2008 a 3,000 vecinos participando activamente. Este aumento en la participación ha convertido a Miraflores, un distrito tradicional de clase media alta, en uno de los distritos de Lima con mayores índices de participación ciudadana.

Las lecciones aprendidas en estos dos años de presupuesto participativo en Miraflores son numerosas: El presupuesto participativo es un espacio político que sirve para prevenir conflictos sociales, definir las prioridades del desarrollo local, construir capital social y legitimar las decisiones de gobierno. Es un proceso que dinamiza las relaciones con los vecinos y que brinda respaldo a las decisiones de gobierno ya que en el se desarrolla el concepto de buen gobierno.

Es un proceso que debe tener como grandes objetivos elevar la calidad de vida de la población, hacer más eficiente el gasto, más transparentes las decisiones y sirve para construir una relación de confianza y empatía entre el alcalde y sus vecinos.

En Miraflores, un distrito sin necesidades básicas insatisfechas y que no cuenta con organizaciones sociales de base se ha logrado realizar un proceso de participación social con éxito, gracias a la voluntad política de su Alcalde que apostó por este espacio.

Muchas Gracias.