Ir al contenido
Atlas Municipal

De dónde sale el dinero de los ayuntamientos

Revisada el 7 de noviembre de 2026 con el texto de las leyes que cita.

Los ayuntamientos y las juntas de distrito se financian con dos fuentes: una parte de los ingresos del Estado, que reciben cada mes, y lo que cobran ellos mismos por tasas, arbitrios y otros ingresos propios.

La parte que pone el Estado

La Ley 166-03 fijó que los gobiernos locales reciban el 10 % de los ingresos del Estado previstos en la ley de presupuesto, contando los ingresos adicionales y los recargos (art. 3). Hasta entonces recibían el 4 % de los ingresos internos. No entran en la cuenta los ingresos que la ley de presupuesto ya destina a otros fines ni los préstamos y donaciones del exterior.

En la práctica ese 10 % no se ha cumplido nunca: la ley de presupuesto de cada año asigna a los gobiernos locales bastante menos. Una columna publicada en El Día calcula que lo previsto para 2026 ronda una cuarta parte de lo que manda la ley. No hay una cifra oficial que lo compare año por año.

Ese dinero se reparte así:

  • Cada mes se transfiere una doceava parte, según la población de cada municipio y distrito municipal en el último censo de la ONE (art. 4).
  • Ningún municipio puede recibir menos de RD$500,000 al mes, ni un distrito municipal menos de RD$250,000. Esos mínimos suben cada año en la misma proporción que los ingresos del Estado (art. 5).
  • El Estado tiene que hacer la transferencia antes del día 25 de cada mes, completa y sin recortes (art. 8).

La Ley 166-03 reservaba a la Liga Municipal Dominicana el 5 % del total (art. 6) y le encargaba repartir el dinero en los diez días siguientes. La Ley 176-07 cambió las dos cosas: el presupuesto de la Liga lo fija la Asamblea Anual de los Municipios, con el Ministerio de Economía, para incluirlo en la ley de presupuesto (art. 108), y la Tesorería Nacional entrega el dinero directamente a cada ayuntamiento y distrito municipal (art. 296). Lo contamos en qué es la Liga Municipal.

Lo que cobran ellos

Cada ayuntamiento puede fijar por ordenanza tasas por los servicios que presta y por el uso especial del espacio público (arts. 278 a 290). También puede cobrar arbitrios, pero solo los que una ley autorice de forma expresa y sin chocar con los impuestos nacionales ni con el comercio entre municipios (Constitución, art. 200; Ley 176-07, art. 274). El Tribunal Constitucional ha anulado arbitrios municipales que no cumplían esa regla. Las juntas de distrito necesitan permiso del concejo municipal para crear arbitrios (art. 82).

En qué pueden gastarlo

El artículo 21 de la Ley 176-07 pone límites a la composición del gasto, tanto de los ingresos propios como de lo que llega del Estado. La Ley 75-25 los cambió en 2025. Según los informes oficiales de evaluación publicados en SISMAP, quedaron así:

Destino Límite
Personal, fijo o contratado hasta el 30 %
Funcionamiento y mantenimiento de los servicios hasta el 40 %
Programas educativos, de género y salud 5 %
Obras de infraestructura e inversión al menos el 25 %

El texto original de 2007 fijaba 25 % para personal, 31 % para servicios, 4 % para programas y al menos 40 % para inversión. En su redacción de 2007, el artículo castigaba saltarse los límites con prisión de dos a cinco años e inhabilitación para cargos públicos. En enero de 2026 el Senado aprobó un proyecto para eliminar esas sanciones penales (El Nuevo Diario); para saber si llegó a ser ley, consulta la Gaceta Oficial.

La parte de inversión es la que se decide con los vecinos en el presupuesto participativo.

El calendario del presupuesto

  1. El alcalde presenta el proyecto al concejo antes del 15 de noviembre (art. 325).
  2. El proyecto queda quince días a la vista del público para que los vecinos opinen (art. 52).
  3. El concejo lo aprueba antes del 31 de diciembre (art. 327).
  4. Entra en vigor el 1 de enero. Si no está aprobado, se prorroga el del año anterior (art. 329).

Quién lo vigila

El concejo de regidores aprueba el presupuesto y fiscaliza a la alcaldía. La Cámara de Cuentas audita a los municipios y tiene que publicar cada año los resultados (art. 21). Además, el Gobierno evalúa en SISMAP Municipal cómo gestiona cada ayuntamiento el presupuesto, las compras y la transparencia. Lo que gasta cada uno se puede consultar en su portal de transparencia.